No habrá excepciones para corruptos. Editorial revista "Candelero". Marzo 17, 2015.

Sanear la vida pública como exigen los ciudadanos es el propósito que prevalece en el Congreso de la Unión tras la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción hecha por los Diputados y que ya pasó al Senado para enseguida enviarla sin dilación a los Congresos locales para que por mayoría de 17 se hagan las Reformas Constitucionales correspondientes.

Confirmó el líder de los diputados del PRI Manlio Fabio Beltrones que como partido en el gobierno, a su grupo parlamentario le ha tocado actuar con toda responsabilidad para ofrecer respuestas claras a los ciudadanos que exigen frenar las raterías de los recursos públicos y terminar con la impunidad.

Insistió en que "este no es un tema efímero de temporada electoral" sino un esfuerzo integral y consistente por alcanzar mejores estándares de buen gobierno en todos los niveles e instituciones del Estado. Se trata del arranque de un cambio cultural que debe llevarnos a un servicio público con riguroso sentido ético, de pulcritud en el manejo de los recursos públicos y a la participación ciudadana en la rendición de cuentas, dijo Beltrones.

No habrá excepciones para ningún servidor público corrupto. México requiere que sus recursos se administren con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

En esto habrá de tener total participación la sociedad civil para exigir que así sea, formulando las quejas o denuncias que cualquier caso requiera con lo que se confirmará que el gobierno de Peña Nieto es un gobierno abierto.

Por eso el Sistema Nacional Anticorrupción está sustentado en cuatro columnas que son:

1.- La Auditoría Superior de la Federación cuyas facultades se amplían al no tener que esperar a que concluya el Ejercicio Fiscal para actuar de inmediato por denuncias de casos graves de corrupción. Podrá presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción o iniciar procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, según se trate de un delito o de una falta administrativa. También se abren al escrutinio público los Fideicomisos, Fondos y Mandatos-público o privados.

2.- El Tribunal de Justicia Administrativa será autónomo y con fuerza suficiente para sancionar las faltas y obligar a la rendición de cuentas. Podrá imponer sanciones por faltas graves, tanto a funcionarios como a particulares quienes no podrán eludir su responsabilidad en actos indebidos y deberán resarcir los daños al patrimonio público, es decir, regresar lo robado.

La extinción de dominio también se incorpora a la Ley en los casos de enriquecimiento ilícito. Que quede claro: los bienes mal habidos de funcionarios corruptos pasarán a propiedad de la Nación.

El PRI logró que aparte de que los funcionarios cumplan con la obligación de declarar su patrimonio también agreguen posibles conflictos de interés. Se eleva de 3 a 7 años la prescripción de un acto de corrupción. Como se ve, así se cierra la pinza para que actúe oportunamente la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal de Justicia Administrativa.

3.- La Fiscalía Anticorrupción investigará y castigará penalmente los casos de deshonestidad.

4.- La Secretaría de la Función Pública se encargará de las acciones preventivas y de mejorar el servicio público. Su titular podrá ser ratifi cado por el Senado. Es de entenderse que por esto hay quienes conspiran contra el Presidente Peña Nieto. Pero ya basta de tanta corrupción e impunidad. Hay que reordenarnos para poder crecer como Nación.

Por: Editorial revista Candelero, en colaboración con Uneabasto.com. Todos los derechos Reservados MMXV

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